El desastre de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva

Una de las grandes novedades (ocurrencia en este caso) e instrumentos para el impulso del «emprendimiento» aportadas por la Ley de Emprendedores es, como por todos es sabido a estas alturas, la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva, a la que nos hemos ocupado ya aquí. Me permito referirme a ella como ocurrencia, dado que no puede llegarse a otra conclusión más benévola, a la vista de el objetivo que con ella se persigue y, sobre todo, de su poco afortunada articulación jurídica que ya está manifestándose en el tráfico. El objetivo de una medida como la introducida por el artículo 12 de la Ley de Emprendedores, no es otro que el de impulsar la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, por entenderse que esta forma social capitalista cerrada es la estructura adecuada para la articulación de la actividad emprendedora asociada a PYMES. Se trata de un objetivo más político que económico o real, dado que no creemos que el capital social de 3.000 cuyo desembolso puede hacerse en especie (ordenadores por ejemplo), vaya ser el impedimento o traba para el desarrollo de una actividad empresarial mínimamente sólida.

Más allá de lo anterior, lo cierto es que la articulación jurídica ha sido cuanto menos desafortunada. Dejando al margen la construcción teórica del capital social como elemento esencial definidor de la naturaleza jurídica de la sociedad capitalista (de procedencia germana), el legislador tenía dos alternativas para implementar la medida: (i) o permitir un capital social mínimo inferior a los 3.000 euros (incluso de 1 euro), (ii) o resolver la cuestión a través del desembolso del capital social suscrito, de modo que pudiera extenderse la regla de la suscripción total del capital social y desembolso mínimo (dividendos pasivos) propia de las SA a las SRL. Pues bien, no se ha hecho de forma clara y precisa ni lo uno ni lo otro, lo que se traduce en una inseguridad jurídica que contradice frontalmente el objetivo de impulsar la actividad emprendedora o de iniciativa empresarial (el Derecho Mercantil debe aspirar a establecer reglas claras y precisas que se traduzcan en seguridad jurídica que impulse la celeridad del tráfico mercantil). El artículo 12 de la Ley de Emprendedores y las modficaciones que introduce en la LSC necesitan ser interpretadas, y si a ello se le une el «especial» sistema de doble calificación jurídica previa de nuestro Ordenamiento Jurídico (Notario y Registrador), se producen situaciones como la relatada en esta entrada del Blog de Jacobo Palanca, que, desgraciadamente, se reproducirán en no pocas ocasiones.  Se trata de una nota de calificación negativa en relación con la inscripción de la escritura de constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva, de contenido oscuro y confuso cuyo texto tomo prestado: