En dichos preceptos se regulan las sociedades de capital deportivas para clubes profesionales o profesionalizados, permitiendo que allí dónde sólo existía la posibilidad de acudir a la SA, se pueda escoger  modelos más flexibles como la SL. En relación con esta cuestión y para no ser reiterativo, simplemente me permito hacer unas observaciones muy sucintas:

– Comparto plenamente el modelo, más flexible, ágil y adaptado tanto a los precedentes de las SADs como a la realidad económica actual del deporte profesional o cuasiprofesional. Contribuye el modelo, además, a desterrar el concepto de «burbuja» o «complejo de isla» del fútbol profesional, como actividad económica y empresarial ¿por qué ha de mantener especialidades más allá de las estrictamente justificadas frente a otras actividades económicas?. No comparto sin embargo, la escueta justificación del mismo en la Exposición de Motivos. No debe ser el justificante del cambio la desacertada Decisión (UE) 2016/2391, de la Comisión, de 4 de julio de 2016, que ya criticamos aquí, y ahora revocada por la STJUE de 26 de febrero de 2019, como anticipábamos, sino una reflexión más general del agotamiento del modelo anterior que ya había dado suficientes muestras de su ineficacia hasta el surgimiento del control económico financiero.

-Se trata de que actividades económicas y en muchos casos empresariales en sentido estricto (fútbol de 1ª y 2ª y ACB desde luego, además de otras competiciones de otras especialidades deportivas) gocen de los mismos instrumentos jurídicos que el resto de actividades económicas (con las ventajas que atribuyen), algunos de ellos mucho más sencillos y flexibles (SLs) que las SAs permitidas hasta ahora. Y, ello, una vez que el modelo consistente en la imposición de la SAD como instrumento para garantizar la solvencia financiera de los clubes, medida excepcional y que el transcurso de los años ha confirmado desacertada, se ha visto superada.

– La intervención pública y normativa en este punto, claro está, justificada por los intereses públicos concurrentes, guiada por la proporcionalidad necesaria, debe limitarse a imponer un control económico financiero, como ahora ya se regula en el anteproyecto (una medida de intervención -imponer formas de presupuestar- exitosa pero ajena al funcionamiento ordinario de cualquier actividad empresarial). La solvencia de los clubes ha quedado acreditado que es un problema de fondo y no de forma jurídica.

– ¿Por qué negar a pequeños clubes en crecimiento el acceso a la SL, forma jurídica del «emprendedor» por excelencia?.

En fin, son estas unas primeras reflexiones «a vuela pluma» que no desarrollo más para no aburriros en exceso. En el blog podréis encontrar otras muchas entradas al respecto.

La entrada Anteproyecto de LD y libre elección de forma jurídica para clubes profesionales: ¡por fin! aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

Os dejo acceso a la noticia de prensa aquí.

En relación con el fútbol español, dicha interpretación resulta importante dado que soluciona el problema de conflicto que dicha prohibición ocasionaba con el artículo 13 a) del RD 1006/1985.

La entrada FIFA: los propios jugadores no son terceros respecto de sus derechos económicos aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

1 ) Se trata de un escenario novedoso: una SAD repartiendo dividendos. Novedoso porque la situación financiera y económica de las SADs hasta fechas muy recientes no arrojaba ni mucho menos beneficios en sus resultados económicos y porque os clubes que una mejor situación económico-financiera tenían, eran asociaciones y no SADS (Real Madrid, FC Barcelona, ATH Bilbao y Osasuna).

2) Societariamente, sujeta la SAD a la LSC debería ser una situación muy corriente: el reparto de beneficios vía dividendos con sujeción al régimen y a las salvaguardas que la propia LSC establece para ello.

3) Las SADs, como sociedad mercantiles que sirven de estructura jurídica a los operadores económicos en la principal de las industrias del ocio, deben funcionar jurídica, económica y financieramente como cualquier otra mercantil en otro sector económico. Así, parece una estrategia muy razonable la de afrontar repartos de dividendos entre sus accionistas, fomentando la cultura del accionista inversor y no el accionista forofo. La acción de un club como un activo rentable, lo que obligará a su vez a una profesionalización de la gestión y administración de las SADS. Me parece un camino muy positivo.

4) Esta situación del Sevilla FC es manifestación concreta del proceso de saneamiento financiero y económico del fútbol profesional, en una camino hacia una industria del espectáculo muy rentable, impulsada por el maná de los derechos de televisión y las bondades del control económico-financiero.

La entrada El Sevilla FC reparte dividendos aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

En concreto, el TS, dando continuidad a su doctrina establece que:

La entrada Prenda de créditos futuros y concurso de club de fútbol aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

Os dejo la información del evento aquí, para aquéllos que pudierais estar interesados.

Un saludo.

La entrada Control-económico financiero en el fútbol: seminario aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

En este ámbito destaca la aproximación hecha por el auto de 21 de agosto de 2014, por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, en el que se resuelve la oposición a las medias cautelares inaudita parte debitoris previamente adoptadas en el asunto Real Murcia CF vs LaLiga.

Dicho auto subraya la existencia de unos intereses económicos subyacentes a la mera competición deportiva, configurando un verdadero mercado en términos económicos, que en diferentes ocasiones califica como el mercado (económico) del fútbol profesional. En concreto se destaca lo siguiente (pág. 13):

«…no cabe duda de que el ejercicio profesional del deporte del fútbol a través de clubes y sociedades anónimas deportivas constituye un mercado nacional relevante a los efectos del art. 2 L.D.C, en el que intervienen distintos operadores…de naturaleza jurídico-privada, con la intención de obtener un lucro lícito con el que retribuir a sus accionistas o asociados…en caso de obtención de un beneficio neto tras el pago de las deudas a sus acreedores; compitiendo entre sí por la captación de ingresos por publicidad estática y móvil, por cesión de derechos de imagen, por merchandising, por partidos de exhibición, quinielas, etc.»

Es por lo tanto posible, definir un mercado relevante, más allá de lo estrictamente deportivo-competitivo, como actividad económica empresarial vinculada al desarrollo de un deporte profesional; definición de mercado de vital importancia a los efectos de valorar las diferentes situaciones (TPOs, reparto derechos televisión, control económico…) que en el ámbito del Derecho de la competencia se están suscitando en el deporte profesional en relación con la actividad desarrollada por LaLiga y la ACB. En este mercado habrán de tenerse en cuenta las especialidades que permitan comprender más allá de un análisis económico abstracto, cuáles han de ser las condiciones concretas para que la competencia sea real y efectiva, y en consecuencia, la finalidad perseguida por determinadas medidas y sus efectos reales sobre el mercado delimitado.

La entrada Mercado relevante y deporte profesional aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

Cumpliendo con el compromiso adquirido de realizar una valoración, aunque sea sucinta, del informe, os dejo a continuación las siguientes reflexiones:

1) En primer lugar conviene no desconocer el objeto y alcance -limitado- del informe emitido por la CNMC, de tal forma que en propias palabras de la CNMC «la CNMC elabora este informe desde la óptica de regulación económica eficiente y promoción de la competencia7. En ningún caso, se está llevando a cabo un juicio de si la medida analizada debe ser eventualmente considerada una conducta prohibida por restringir o falsear la competencia. Por tanto, en ningún caso debe entenderse que se enjuicia si la medida es encuadrable en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia o en los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para lo que ya existen, en su caso, los cauces oportunos.»

2) A patir de lo anterior, el informe hace un análisis preliminar de (i) la legalidad de la prohibición/encaje legal, y (ii) su eficiencia y «bondad» desde la perspectiva de la regulación económica y la competencia.

3) Subrayado, como ya he avanzado, comparto las objeciones manifestadas por la CNMC en cuanto al encaje legal de la medida: supone la vulneración del artículo 38 CE, de principios y libertades comunitarias como la libre circulación de capitales y de trabajadores, vulnera la proporcionalidad como límite de la actuación de las AAPP (en este caso Federación, no AAPP, pero desarrollando funciones públicas), y puede implicar una restricción de la competencia no ajustada a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Adicionalmente, suscita problemas de competencia formal en la aprobación de una norma de naturaleza restrictiva de este calado, así como la afectación a determinadas disposiciones reglamentarias internas de naturaleza indisponible (derechos de trabajadores) como las previsiones del RD 1006 en cuanto a los derechos económicos por traspasos reconocidos a los propios jugadores.

4) En segundo término se analiza la medida desde la óptica de la regulación eficiente y promoción de la competencia, descendiendo a los argumentos esgrimidos para articular la prohibición como la protección de la integridad de los clubs, de la competición y de los futbolistas. En este segundo apartado, alguna matización podría hacerse al informe de la CNMC que, en ocasiones, es poco preciso, pero comparto su conclusión también a grandes trazos: la medida no tiene sentido desde la perspectiva de la proporcionalidad. Como he defendido también en no pocas ocasiones, la regulación, el control y la transparencia hubieran sido las adecuadas bases de un sistema que aportase seguridad jurídica a la situación previa a la prohibición, y que no expulsasen del mercado, precisamente, aquélla actividad de financiación vía operaciones TPO, que lejos de plantear los problemas denunciados de adverso, servían de impulso para la competición, los clubes y las carreras profesionales de jugadores. Se trata de poner puertas al campo, expulsando a unos actores beneficiosos para el desarrollo del fútbol profesional como actividad económica, para solventar unos riesgos y problemas, bien inexistentes, bien existentes pero anteriores e independientes de la propia actividad financiera de los fondos y respecto de los cuáles existen mecanismos jurídicos para su eliminación o control (me refiero fundamentalmente a todos los relativos a los derechos y régimen laboral de los futbolistas).

5) Finalmente, el informe, limitado a su reducido objeto, avanza alguna de las claves aplicables a la disputa y el debate jurídico que en el marco de defensa de la competencia (nacional y comunitaria), la medida de prohibición de las operaciones de TPO ha suscitado.

La entrada Algunos apuntes sobre el informe CNMC en relación a los TPOs aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

En este sentido, destaca el reciente Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia en el concurso del Futbol Club Cartagena, en el que más allá de un planteamiento teórico equidistante de las dos soluciones planteadas (prevalencia de la normativa concursal o de la federativa), en la práctica y a la vista del fallo se mantiene la prevalencia de la normativa concursal sobre las especificidades propias de la normativa federativa (en este caso en materia de avales para el pago de la plantilla). Dicho auto destaca también por el repaso didáctico al estado de la cuestión y a las diferentes posiciones teórico-doctrinales al respecto.

Como hemos destacado en varias ocasiones, la solución que el legislador introduce en la disposición adicional segunda bis no parte de la prevalencia de unas normas frente a otras (carece de sentido dicho planteamiento dado que la Ley Concursal es Ley -obvio- y las federativas, no gozan de dicha naturaleza), sino de necesaria aprobación de un nuevo régimen que tenga en cuenta las especialidades concurrentes de todo tipo. Mientras ello no se produzca, nos queda la inseguridad jurídica actual.

La entrada Concurso de Clubes de Fútbol e inseguridad jurídica aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.

Se trata de una norma muy debatida y esperada, que ha sido el centro de las disputas y polémicas en el ámbito del fútbol profesional, habida cuenta de las diferentes posturas de los distintos organismos rectores del fútbol implicados. Es, también, una norma compleja, con muchas aristas y matices que merecen ser estudiados con detenimiento antes de aventurarse a apresurados análisis y conclusiones. Sin embargo, y asumiendo el riesgo de esa premura en el análisis, sí pueden hacerse unas reflexiones de urgencia al respecto:

1. Se trata de una norma cuya valoración general, en cuanto a su concepto y finalidad, debe ser positiva. Estamos ante una intervención pública en la autonomía empresaria para la negociación de unos activos económicos, que encuentra su fundamento en la tutela de un interés público, cuya detalle se recoge en la Exposición de Motivos de la norma, de lectura recomendada.
2. El sistema de distribución colectiva de los derechos audiovisuales permitirá, desde luego, aumentar los ingresos del fútbol profesional por estos conceptos, y una mejor distribución de los mismos. Los datos parecen claros.
3. El sistema diseñado es de titularidad de los derechos audiovisuales por parte de los clubes y de cesión obligatoria legal de los mismos a las entidades organizadoras de las competiciones (LNFP y RFEF).
4. La polémica y los debates se centrarán, en buena lógica, en el concreto reparto de los ingresos obtenidos y en la participación y toma de decisiones en el organismo rector y de gestión.
5. El pago de las cantidades a percibir en su caso por RFEF y CSD, corresponde a los clubes con el dinero procedente de la liquidación de sus ingresos y siempre que se hayan satisfecho antes las deudas exigibles de derecho público. Se trata de obligaciones que los clubes asumen con RFEF y CSD, y no de atribuciones directas a estos últimos en el liquidación de los ingresos obtenidos por la comercialización de los derechos audiovisuales.
6. Es un sistema que con arreglo a sus disposiciones transitorias (Disposición transitoria primera), entra en vigor mañana 2 de mayo, pero que será de aplicación plena la primera temporada en la que no existan vigentes contratos individuales de explotación de derechos audiovisuales (2016-2017).

7. Sin perjuicio de lo anterior, cuando los derechos audiovisuales de una temporada no hayan sido comercializados individualmente por, al menos, el 80 por 100 de los participantes en el Campeonato Nacional de Liga, la Liga Nacional de Fútbol Profesional podrá proceder a la comercialización conjunta de los derechos no vendidos individualmente.

   Adicionalmente, las entidades deportivas que los hubieran comercializado ya, podrán pedir a la Liga Nacional de Fútbol Profesional que los incluya en la comercialización conjunta, asumiendo dichas entidades las obligaciones o indemnizaciones que pudieran surgir frente a las entidades que hubieran adquirido esos derechos.

   Se prevé que la Liga Nacional de Fútbol Profesional y, en su caso, la Real Federación Española de Fútbol, podrán negociar con los adjudicatarios de la explotación y comercialización de los derechos audiovisuales de la competición la resolución anticipada de los contratos, garantizando a los clubes y sociedades anónimas deportivas que los hubieran vendido el importe íntegro de la contraprestación acordada.

   Esta resolución anticipada en ningún caso podrá suponer un perjuicio para los intereses de los acreedores de los clubes y sociedades anónimas deportivas que hubieran vendido sus derechos.

   Finalmente, en las disposiciones finales de la Ley se introducen importantes modificaciones de la Ley del Deporte, en materia de adquisición de participaciones en SADs y sobre todo en la sanciones del incumplimiento de la normativa de control económico-financiero de la liga (ojo al nuevo artículo 76.3 a) de la Ley).

    

    

    

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He tenido la oportunidad también de referirme a la reciente prohibición FIFA de este tipo de operaciones a través de la circular 1464. En esta ocasión me vuelvo a detener en la materia para llamar la atención sobre el contenido del reciente convenio suscrito entre el Real Valladolid y Hacienda, para el pago de la deuda del club, del que se ha hecho eco la prensa en los últimos días. Como bien me apuntaba mi buen amigo Jaime Llopis, atendiendo a la prohibición de estas operaciones contenida en el nuevo artículo 18 ter del RETJ FIFA, parece que la cesión del «25% de los ingresos que el club obtenga por posibles traspasos, cesiones, rescisiones o cualquier negocio realizable» sobre los derechos federativos de los futbolistas», podría constituir una operación prohibida por dicho precepto, dado que se atribuye la titularidad de unos derechos económicos a sujetos distintos del club de origen o destino del jugador, o de cualquiera de sus anteriores clubes.

Con esta cláusula, la Hacienda pública adquiere la condición de TPO, concediendo una financiación cuyo retorno se garantiza con derechos económicos de futbolistas, actuación prohibida por la referida circular FIFA en el caso de traspasos o fichajes (no cesiones). Recordemos, en este sentido, que el artículo 18 ter recoge la prohibición de operaciones de TPO, en un sentido material y muy amplio , de forma que se incluyen en la prohibición cualquier tipo de contratos en los que se conceda financiación por parte de un tercero en los términos definidos vinculada a la obtención de unos ingresos por traspasos o fichajes de futbolistas. No es sólo que se prohíba la influencia, sino que se prohíbe cualquier tipo de contrato de esta naturaleza, más allá de que a través de él se ejerza o no una influencia real. Se parte, por lo tanto, de una presunción normativa de que este tipo de contratos generará una influencia no deseada, de tal forma que la prohibición se extiende a cualquier tipo de operación TPO y, en todo caso, en sentido material y amplio (la prohibición comprende por ello no sólo las cláusulas más agresivas, sino cualquiera que implique participar en los derechos económicos vinculados a los federativos de un jugador, aunque no ocasiones directamente influencia en el club financiado).

Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión que se plantea es, sin duda, ¿cuál es la eficacia de la normativa FIFA ante actuaciones -no ya sujetas a derecho privado- propias de Administraciones Públicas, al amparo del marco legal vigente, y del principio de legalidad que muy especialmente a ellas vincula?

La poco afortunada redacción del precepto de la circular FIFA, y en general, de la media prohibitiva de los TPOs, permite plantearse estas cuestiones.

La entrada El Valladolid, Hacienda, y la prohibición de operaciones de TPOs aparece primero en EL BLOG DE LUIS CAZORLA.