El deporte vive una época de profundos cambios, entre ellos los relacionados con su financiación, en la que se abre una época de nuevas alternativas y caminos ante el retroceso de la financiación pública.
En este sentido, es preciso subrayar el papel del Estado en relación con el deporte que se resume en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley del Deporte («La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado»), lo que implica que no pueda desaparecer la financiación de la actividad deportiva de base y alto nivel. Sin embargo, en el marco de crisis y de recorte del gasto público, ese papel de financiación y subvención del deporte por parte de los poderes públicos se ha visto drásticamente reducido (situación agravada por la no consecución del objetivo olímpico). Esta situación obliga al deporte de base federado y al deporte de alto nivel no profesional (solo lo son en sentido estricto fútbol de 1º y 2ª y liga ACB de baloncesto), a buscar alternativas de financiación en el sector privado.
En este escenario, el CSD parece que empieza a trabajar intensamente, de lo cuál es resultado, entre otras, la central de compras para el deporte federado, presentada el pasado martes (www.federadosconeldeporte.com). En esta línea se plantea también la posibilidad de acudir a mecanismos de financiación vía crowfunding, tan de moda en la actualidad y al que nos hemos referido aquí. No obstante, junto a estas medidas que pueden coadyuvar al objetivo expuesto, lo cierto es que resulta necesario fomentar el patrocinio privado de eventos deportivos, a través de adecuadas medidas de apoyo fiscal, en esencia, el conocido como patrocinio fiscal, que en el actual escenario cobra especial interés y sobre el que en próximas entradas os detendremos.
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