A propósito de la reciente Resolución de 20 de marzo de 2020 de la antigua DGRN (me niego al uso del nuevo nombre), que ha sido ya comentada con mayor acierto y premura por el profesor Miquel o el profesor Alfaro; una única idea reflexión poco elaborada adicional: la solución que se alcanza por excesivamente formalista, me deja frío. No me parece que se resuelva convincentemente el problema, dando absoluta preponderancia al contenido estatutario, cuando formal aplicación lleva a resultados (extraordinariamente) absurdos y los fines que justifican el respeto al contenido de los estatutos como norma institucional básica de la sociedad, están garantizados y cubiertos de forma alternativa.
Este es el tema que se trata a raíz de una convocatoria de junta (absurda) y sirve para actualizar el clásico debate institucionalista-contractualista de las sociedades. Intentando sortearlo, y evitando pisar charcos con mucho barro, no me parece que el formalismo extremo pueda sólo esquivarse remitiéndose a un potencial abuso de derecho objeto de análisis judicial. No sé, no me acaba de parecer redondo, aunque reconozco que es un tema complejo.
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