Destaca, en lo que a las ICOS se refiere, la inclusión en el ámbito objetivo de regulación de la actividad de las plataformas de las ICOS, siempre que no sean privadas, tengan «contraparte» y hasta una cuantía de 8 millones de euros (nuevo artículo 15 a). Se define también las ICOS (nueva letra b del artículo 3.1) en los siguientes términos:

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Pues bien, como tengo ocasión de detallar en el trabajo referido, la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial  (LFFE) afronta por primera vez en nuestro Derecho, la regulación del crowdfunding, aun cuando se trate de una regulación parcial, comprensiva de sólo del equity crowdfunding y del crowdlending. Se trata de los artículos 46 a 93 de la LFFE en los que se acomete una detallada regulación de las PFP

El crowdfunding financiero, al que responden las dos modalidades reguladas por la LFFE, está llamado a cumplir un destacado papel como complemento de la financiación bancaria tradicional, en un marco de crisis financiera y en un contexto de bajos tipos de interés y de crisis bancaria. Sin embargo, y sin perjuicio de sus indudables ventajas, no pueden desconocerse sus riegos y desventajas, vinculados a la solvencia y liquidez de los proyectos, falta de estructuras formales y procesos consolidados y potenciales problemas de asimetría de información entre demandantes de financiación y oferentes de la misma. Partiendo del anterior marco, la razón de la exclusiva regulación por parte de la LFFE del crowdfunding con retorno financiero, reside en la mayor afectación de este tipo de servicio con la actividad financiera y de intermediación en el crédito propia de las entidades de crédito, de tal forma que se delimita una regulación a través de la cual se reconoce esta fuente alternativa de financiación, como complementaria de la tradicional, se dota de unas garantías mínimas a los inversores minoristas y se establecen, en particular, ciertos límites de actuación a dichas plataformas.El objetivo del legislador, ha sido, por tanto, establecer una regulación que implique un equilibrio entre el impulso de la actividad y la protección del inversor, mediante la previsión de un sistema de autorización previa, registros, supervisión, inspección y, en si caso, sanción, competencias cuyo ejercicio se atribuye a la CNMV, con la colaboración del BdE en el caso del crowdlending

Sin embargo, y más allá de los objetivos declarados en la Exposición de Motivos, lo cierto es que la normativa de control y las potestades de la CNMV se acercan a la de a intervención del organismo regulador en relación con otras entidades y actividades como las Empresas de Servicios de Inversión, configurando un régimen más estricto y severo que el de otros ordenamientos de nuestro entorno. El tiempo dirá si, más allá del incuestionable beneficio que supone la existencia de una regulación desde la perspectiva de la seguridad jurídica, dicha regulación en la que se echan de menos instrumentos de impulso y de incentivo de la actividad, y que rezuma cierta desconfianza hacia el fenómeno, ha sido la opción adecuada.[

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Se trata el crowfunding de una de las principales novedades introducidas por la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, persiguiendo el impulso de la financiación no bancaria de la actividad empresarial española, mediante la delimitación de un novedosos marco normativo, no exento de polémica, de cuya aplicación provienen  las primeras autorización para PPF otorgadas por la CNMV en los últimos meses. Esperemos que se trate de una obra útil y práctica tanto para estudiosos del tema, como para los operadores profesionales que actúan en el cada vez más relevante mercado del crowdfunding.

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Destaca en dicho documento el análisis de los diferentes marcos regulatorios en la Unión, de la situación actual, los modelos de negocio o los principales riegos y retos que afronta el sector. Desde la perspectiva puramente regulatoria, especial interés presentan los anexos finales en los que se establece un marco comparativo de las diferentes regulaciones en la UE, destacando la española, por su rigidez y rigor frente a otras más flexibles.

Os llamo la atención, en este sentido, sobre el propósito del informe y del trabajo que le ha precedido, tal y como el propio informe lo manifiesta:

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El crowdfunding como sistema de captación de inversión mediante el recurso a fondos procedentes del público impone el establecimiento de una regulación que garantice la adecuada protección de los inversores en los diferentes proyectos promocionados a través de la correspondiente plataforma de financiación participativa (PFP), modelo que es el incorporado por la Ley 5/2015.

Esa condición de inversores  de los participantes en los diferentes proyectos justifica la regulación de la materia a través de normas de derecho público, imperativas, de la misma naturaleza que el interés jurídico tutelado, y la correspondiente intervención de la CNMV como organismo regulador encargado de la autorización, supervisión e inspección de la actuación de las referidas plataformas.

De este modo,  y como de forma expresa señala la propia Exposición de Motivos de de la LFFE “se establece el régimen jurídico de las entidades denominadas plataformas de financiación participativa (…) se regula y reserva su actividad a las entidades autorizadas, en aras de fortalecer el desarrollo de este sector y, al tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad financiera, concurriendo, por tanto, los principios de necesidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado”.

En este marco normativo, destinado a mitigar y controlar los riesgos propios de este tipo de captación de inversión especialmente concurrentes en inversores y promotores de los proyectos, la CNMV como organismo regulador, interviene en la autorización y registro de las plataformas, y la posterior supervisión, inspección en su funcionamiento y, en su caso, sanción.

La intervención de la CNMV se torna así en un elemento esencial en el sistema de tutela de inversores, los cuales, sin embargo, no quedarán protegidos frente a todo riesgo, dado que el  propio promotor puede ser incapaz de devolver o remunerar los fondos recibidos, o la plataforma, en su papel de intermediador y sin perjuicio de la diligencia que se le debe exigir, no garantiza en ningún momento la solvencia o viabilidad del promotor. En cualquier caso y como la propia Exposición de Motivos de la LFFE destaca, “Con todo, y dado que no resulta posible eliminar el riesgo que tienen los inversores frente a los promotores, la norma proporciona a los primeros herramientas para poder, al menos, mitigar y gestionar dichos riesgos”.

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Espero veros por allí y poder saludaros.

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En el estudio y análisis de la polémica regulación se centra el curso de formación en el ICAM «Crowfunding jurídico: aspectos legales de una nueva forma de financiación», coordinado por el profesor Enrique Moreno, y en cuya impartición participan algunos de los profesionales más reputados del sector.

Os dejo aquí acceso a la información del curso, para aquéllos a los que os resulte de interés.

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El contenido de dicha guía/manual de autorización es el siguiente:

1. Solicitud de autorización
2. Estatutos Sociales
3. Administradores y directores generales
4. Estructura accionarial y de grupo
5. Programa de actividades
6. Estructura organizativa
7. Normas de Conducta
8. Anexos

Podéis acceder a su contenido en formato word aquí.

Espero os sea de utilidad.

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Os dejo, a continuación, la información de la Jornada con el fin de que podáis asistir si os resulta de interés.

Espero poder saludaros por allí.

PD. Os podéis inscribir aquí.

instituto.mercadoycompetencia@urjc.es

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