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Mi postura y soluciones propuestas son ya conocidas – por pesado-, pero no deberían pasar por su absoluta prohibición, ni tampoco por la impunidad con la que determinados fondos se mueven en la actualidad, muy en particular, en relación con el régimen laboral de los futbolistas afectados. En un escenario de retirada de los poderes públicos y la financiación anudada a los mismos, la competitividad del fútbol profesional y de sus equipos, debe apoyarse no sólo en un mejor reparto de los derechos televisivos, sino en que los clubes de fútbol profesionales, como empresas que son, puedan valerse de instrumentos de financiación propios de cualquier instrumento empresarial, contemplando en su caso las especialidades mínimas necesarias para tutelar las especialidades del fútbol profesional como actividad empresarial (o lo que es lo mismo, el planteamiento seguido, por lo menos a nivel teórico por la Ley Concursal respecto de los concursos de entidades deportivas).

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1) Pretende alcanzar una solución al conflicto, y a la multitud de intereses concurrentes y en juego, proporcionada, lo que avanza que no se mueve en el plano de la absoluta prohibición del fenómeno, sino el de la regulación, como hemos defendido aquí. Regulación que proporcione seguridad jurídica, transparencia y claridad, de modo que con ello se eliminen los abusos que en la actualidad se producen, pero no se cierre una alternativa de financiación para los clubes muy válida. Como ya dijimos en su día, supondría, lo contrario «intentar poner puertas al campo».

2) Se han encargado dos estudios a CIES y CDES, sobre la base de los cuáles elaborar una propuesta definitiva.

3) La idea es plantear la cuestión en el 64 Congreso de la FIFA, en Sao Paulo.

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Entiendo, por lo tanto, que se trata de establecer unas reglas de juego para los fondos que participen en el fútbol (un buen conjunto de ellas se recogen en un trabajo de Miguel García Caba en el número 40 de la Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento), alguna de las cuáles podrían ser las siguientes:

1. La limitación del tanto por ciento de los derechos económicos de un jugador que pueden ser adquiridos por un fondo.
2. La elaboración de modelos de contratos tipo, que garanticen la tutela de los intereses, en particular, del futbolista.
3. Obligaciones de información o de disclosure para los fondos de inversión a través de RFEFo LFP.
4. El control previo de los fondos de inversión que deberán cumplir una serie de requisitos para poder obtener una suerte de licencia de actividad o registro.
5. La limitación del número de futbolistas por club en los que el fondo de inversión pueda participar.
6. EL establecimiento de un régimen sancionador, en su caso.

De las anteriores medidas, tiene significado interés el establecimiento de un contrato tipo o modelo, de forma que el principal de los riesgos, esto es, la protección del los intereses del futbolista, y su coordinación con el régimen laboral que le liga al club para el que juega, pueda ser adecuadamente enjugado. Así, no me parece que los argumentos más sólidos para rechazar al los fondos son los que guardan relación con el fair play financiero o la salida de dinero del fútbol (¿no se produce, acaso, esa situación con el control por inversores exóticos de los clubes, o incluso con la participación en el capital social de los mismos de multinacionales ajenas al mundo del fútbol -Audi/Bayern-?), sino los que tienen que ver con el régimen contractual del jugador con su club. Con este propósito y a partir de diferentes tipos de contrato a los que he podido tener acceso, me propongo (no sé si es muy ambicioso por mi parte, seguramente sí) trabajar en un borrador de contrato tipo, por lo que pueda ser de utilidad. Cualquier ayuda o sugerencia, será bienvenida.

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En los últimos años y a partir de una tradición muy desarrollada en el mercado sudamericano, se ha introducido en España la participación de fondos de inversión en la financiación de la adquisición de futbolistas (fichajes o pagos de cláusulas de rescisión), obteniendo como contrapartida una cuota de los futuros rendimientos económicos en los que se pueda traducir un eventual traspaso o salida de dicho jugador del club a que el fondo de inversión financió, esto es, adquiriendo una cuota de los derechos económicos de dicho jugador. Esta operación de financiación en la que la garantía exigida son los propios derechos económicos del jugador, no implica que el fondo de inversión sea copropietario del jugador, ni de sus derechos federativos que, como vimos, sólo pueden pertenecer de manera exclusiva al club en el que el jugador presta sus servicios. La base en cualquier operación de financiación, y la intervención de un fondo en un fichaje de un futbolista lo es, son las garantías que el financiador se reserve, y en este caso, recaen sobre los propios derechos económicos del jugador, que se concretarán al tiempo de su salida del club.

Este tipo de operaciones mercantiles y financieras, que la FIFA ha amparado, sobre la base del artículo 18 bis de su reglamento, tiene impulsores y detractores. Entre estos últimos la propia UEFA, que ante el nuevo fenómeno en el fútbol europeo, ha reaccionado incluso anunciando la posibilidad de que se prohibieran este tipo de operaciones en atención a una serie de consideraciones que se pueden resumir como sigue:

•    Existencia de un potencial conflicto de intereses entre el Club -intereses deportivos-  y el fondo de  inversión -intereses puramente económicos.
•    La integridad de la competición deportiva puede verse afectada, teniendo en cuenta la posibilidad de que los fondos controlen de forma indirecta a clubes con dificultades económicas que hayan acudido a sus servicios y financiación.
•    La estabilidad contractual de los jugadores, dado que este mecanismo de financiación puede impulsar el movimiento y salida de los jugadores de sus clubes para aumentar el valor de la inversión y el jugador no está, en muchas ocasiones, al tanto de esta circunstancia.
•    Puede afectar al Fair Play Financiero, ya que un principio básico del mismo es la necesidad de los clubes deben financiarse con los ingresos  ordinarios y no con «inversiones especulativas».
•    En ocasiones puede ir en contra del desarrollo profesional del jugador, que puede  verse envuelto en un traspaso prematuro que impida su adecuado desarrollo como profesional.
•    Se defiende, por otro lado, que el dinero que el fútbol genera debe alimentar el propio funcionamiento de las competiciones y no salir de ese círculo.

Sin embargo, son muchos también los impulsores de esta fuente de financiación y, entre ellos, clubes españoles y sobre todo la LFP, que percibe la participación de los fondos de inversión como una salida a la fuerte crisis económica de los clubes profesionales y como garantía de la subsistencia de la propia competición.

A nuestro juicio, la participación de los fondos de inversión no debe ser prohibida, sino que debe contar con una regulación específica ad hoc -como parece que será finalmente la solución-, que permita aportar seguridad jurídica al tráfico mercantil concretado en estas operaciones, de modo que los potenciales conclictos de interés y riesgos deportivos expuestos se controlen y monitoricen, permitiendo a los clubes disfrutar de esta alternativa de financiación necesaria. De esta forma, sería conveniente delimitar (i) los elementos de estas operaciones, (ii) las salvaguardas que ha de respetarse, así como (iii) registrar previamente los sujetos autorizaados para poder intervenir en ellas. A partir de dichos elementos básicos parece posible enjugar los riesgos y disfrutar de las ventajas de la participación de fondos de inversión en el mercado de fichajes. Veremos como se desarrolla la cuestión.

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